Hace rato que se viene debatiendo, obviamente por las partes interesadas, el excesivo número de abogados en el medio nacional. Junto con la cantidad también se cuestiona la idoneidad de una gran mayoría de esos profesionales para litigar en las cortes. Se critica que no sirven.
En consecuencia, quienes debaten, proponen que una entidad –bien podrían ser los tribunales u otra–, otorgue una licencia especial a aquellos capacitados para los alegatos. De prosperar esta postura, habría abogados de primera clase y otros de segunda: los autorizados y los que no.
También se debate que no debería ser ante la Corte Suprema que presten juramento los licenciados en Derecho, quienes a partir de ese bautismo pasan a ser considerados abogados.
Fui profesor del ramo de Periodismo Televisivo en la Universidad Diego Portales por años. Y la experiencia me enseñó que había alumnos que no servían para desempeñarse frente a las cámaras en cambio otros la disfrutaban. Sin embargo, tenía que calificarlos a cada uno, conscientes que muchos no llegarían a la tele.
A diferencia de lo que dicen quienes proponen la clasificación de abogados idóneos, yo les digo dejen que los clasifique el mercado laboral. Igual que en el Periodismo, un mínimo de los egresados aterriza enfrentando las cámaras, la gran mayoría se dedica a otra cosa, dentro de la profesión.
Sospecho, no tengo evidencia, que detrás del debate se esconde un negocio: crear una instancia pagada –tal vez muy bien pagada--, para que los abogados interesados se sometan a ella con el fin de clasificar en el lote de la primera categoría. Así, no importaría que las universidades siguieran egresando abogados, porque existiría una segunda barrera cara. Y lo digo, a la luz de que los más animados críticos del excesivo número de esos profesionales, son profesores en alguna escuela de Derecho.
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